Un dato demoledor que reveló también esta semana el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, fue que más de un tercio de lo que se recauda por el Impuesto a las Ganancias lo aportan actualmente los trabajadores, siendo un gravamen que, al menos en la teoría, está enfocado en los resultados obtenidos por el sector empresario. Es por ello que, en simultáneo, junto a la Inspección General de Justicia (IGJ) se iniciará un entrecruzamiento de datos de compañías sobre las que se presume que “dibujan” sus balances para pagar menos impuestos.
Como consecuencia de la fuerte escalada que exhibieron los precios de la energía y los alimentos a partir de la guerra desatada desde febrero en Ucrania, muchas empresas vieron escalar sus márgenes de ganancias a niveles impensados. Esta situación puede verificarse tanto en los balances presentados como en la participación del sector empresario en la torta. El 8 de junio se presentó en el Congreso, tal como hicieron y vienen haciendo varias potencias económicas, un proyecto para gravar ese diferencial de renta que se explica exclusivamente por una situación extraordinaria. La iniciativa lleva cinco meses “en estudio” en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en donde sólo tiene el apoyo de parte del oficialismo.
No es noticia, por los intereses que representa, que Juntos por el Cambio ya haya expresado –y vuelva a hacerlo—que no acompañará la iniciativa bajo el argumento de que «Argentina no puede soportar nuevos impuestos». Una iniciativa de este tipo requiere de mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los miembros de la cámara que estén presentes, lo que podría anticipar una derrota del oficialismo. De todos modos, eso no debería clausurar el debate, que es mucho más amplio.
Un proyecto extraordinario
El otro condicionante que encontrará el debate es la alternativa que se buscó ante la inactividad parlamentaria en base al proyecto: adelantar el Impuesto a las Ganancias de este ejercicio que debía pagarse el año próximo para grandes empresas, según reconoció una fuente oficial a El Destape. Sin embargo, se trata de cuestiones distintas, ya que el proyecto no grava todas las ganancias sino las extraordinarias, y el adelantamiento del pago implica desfinanciar las cuentas el año próximo, para cuando se espera una reducción del déficit primario del 2,5 por ciento de este ejercicio al 1,9 por ciento.
El gobierno cree que en la agenda del Congreso hay temas más prioritarios que las #PASO. Por ejemplo, el proyecto de ley enviado en junio de #RentaInesperada. Para que quienes recibieron ganancias por situaciones trágicas como una pandemia y una guerra, hagan sus aportes. pic.twitter.com/rNYUT86vg8
— Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 3, 2022
El gobierno cree que en la agenda del Congreso hay temas más prioritarios que las #PASO. Por ejemplo, el proyecto de ley enviado en junio de #RentaInesperada. Para que quienes recibieron ganancias por situaciones trágicas como una pandemia y una guerra, hagan sus aportes. pic.twitter.com/rNYUT86vg8
— Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 3, 2022
«Tenemos que volver a impulsar el proyecto de impuesto a la renta extraordinaria que mandamos al Congreso. Está ahí y no lo tratan», afirmó el Presidente a este medio, tras lo cual aseguró que había conversado el tema con el ministro de Economía, Sergio Massa. En ese caso, identificó sectores que se vieron favorecidos con ganancias extraordinarias, como “los laboratorios por la pandemia y los de alimentos y energía por la guerra».
La iniciativa que fue presentada a mediados de año busca gravar a las empresas beneficiadas dada la situación excepcional de la guerra en Ucrania. En ese momento, se estimaba que alrededor de 350 empresas estaban en condiciones de ser alcanzadas por el gravamen con una recaudación para las arcas públicas estimada en alrededor de 200.000 millones de pesos. El proyecto emula el que se discute a nivel global la creación de gravámenes que capten la renta «no rutinaria», un impuesto mínimo global.
El impuesto a la renta inesperada puede aportar a una mayor progresividad en el sistema impositivo argentino. Actualmente, el impuesto a las ganancias de empresas, de carácter progresivo, representa apenas el 5,4 por ciento del PBI, ubicándose por debajo del promedio regional. Este proyecto solo afecta a empresas; no a personas físicas.
El proyecto original apunta a empresas que tengan un piso de ganancias mayor a los 1000 millones de pesos, ajustados por inflación, y su resultado exceda en un 10 por ciento sus márgenes “rutinarios” respecto del 2021. De acuerdo con su estructura de costos, impactaría en aquellos casos en que los aumentos de sus ganancias no sean por aumento de producción o ventas sino por precios que hayan aumentado por encima de los costos.
El pago se realizaría sólo sobre ese diferencial y la alícuota estaba calculada en torno al 15 por ciento sobre el excedente. El destino sería coparticipable y el uso lo definirán las provincias en conjunto con el Estado nacional.
El impuesto alcanzaría a sectores de forma transversal y no estaría enfocado en firmas vinculadas con la energía, como sucede actualmente en países como Italia, España, Reino Unido y Alemania, entre otros. Si se toma en cuenta los resultados del año pasado, se registran unas 600 empresas que pueden tener esa ganancia de 1000 millones de pesos, de las cuales más de la mitad cumplirían con el requisito de superar el segundo umbral que son los márgenes extraordinarios.
